Para nadie es un secreto que en Colombia la incertidumbre que hay por el precio de los servicios públicos, en especial con el gas que, al parecer, no alcanza para la demanda de todo el país y por eso se empezó a importar, como sucedió en diciembre de 2024 cuando se compraron 40.000 millones de unidades BTU (MMBTU), a cargo de TPLGas, filial de TPL Energía.

La preocupación aumentó tras el anuncio de Vanti sobre un incremento del 36 % en la tarifa del servicio de gas en varios departamentos del país, lo que generó molestia en distintos sectores.

Ante esto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó un operativo en las instalaciones de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) para recopilar información sobre la situación. Según el Gobierno nacional, no hay desabastecimiento y existen las condiciones necesarias para la prestación del servicio.

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Ante lo que pasa, la abogada María Natalia Suárez, asociada en Holland & Knight y asesora en asuntos de derecho contractual, derecho comercial y en acuerdos nacionales e internacionales enfocados al sector de petróleo y gas, se refirió al tema y explicó a Infobae Colombia por qué, si el Gobierno garantiza la prestación del servicio y no hay desabastecimiento, las tarifas del servicio siguen en aumento.

En primer lugar, afirmó que la interinidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), cuyo director en la actualidad es Antonio Jiménez, es uno de los factores que contribuyó a que no se adopten las medidas y decisiones técnicas respecto a la fórmula tarifaria que genera tanta preocupación.

Por otra parte, dijo que el Gobierno anunció que asumiría la deuda por concepto de opción tarifaria en la región caribe, lo que también generaría una disminución en las tarifas. No obstante, dicha decisión aún no fue adoptada. Y, además, remarcó el impulso a los proyectos de generación:

“Mientras se ven los resultados del desarrollo de las energías renovables, es indispensable de cara a la reducción del costo de la energía que se traslada al usuario final”.

Sobre si considera que la Creg cometió errores con las resoluciones que expidió últimamente para regular el servicio de gas, dijo que la renuencia a nombrar los expertos de la entidad es, sin duda, un retroceso en la toma adecuada de decisiones que debe abordar, desde el punto de vista técnico, respecto de los temas tarifarios y en especial la situación que se presenta en el Caribe.

Según ella, los cambios estructurales que se proponen frente a un modelo que funciona y que podría ser mejorado por medio de mecanismos técnicos y regulatorios no contribuirán a que se resuelvan de fondo los problemas actuales.

Asimismo, ante lo que pasa con el gas, por ejemplo, detalló lo que debe pasar con la anunciada reforma a los servicios públicos para que las empresas no abusen de los usuarios. Exactamente, se refirió a lo que hay que cambiar.

Dijo que la “Ley de Servicios Públicos Domiciliarios y su marco regulatorio e institucional ha tenido logros y avances que hoy son referente. El discurso del ‘abuso a los usuarios’ por parte de las empresas es uno de los fundamentos que ha llevado al Gobierno a plantear y abanderar una reforma estructural a la ley de servicios públicos, que no comparto”.

Además, que, como se vio ya en materia de transición energética, los cambios y las oportunidades de mejora son necesarios, pero propuestas de cambios radicales y declaraciones que condenan un sector que hace inversiones y desarrolla proyectos que permiten la ampliación de cobertura y confiabilidad del sistema, deberían ser reemplazados por ajustes que permitan regulatoria y técnicamente buscar la protección de los derechos de los usuarios finales.

De igual forma, habló de la iniciativa de eliminar los estratos con el fin de hacer distribuciones más equitativa de los recursos y evitar que siga habiendo discriminación socioeconómica. Al respecto, apuntó que la idea está planteada desde el Plan de Desarrollo presentado por el Gobierno actual y aprobado en 2022.

Aclaró que la medida busca que los subsidios a las tarifas sean otorgados a quienes realmente así lo necesitan y únicamente en razón a su capacidad de pago.

No obstante, advirtió que “el impacto en las tarifas dependerá en gran medida de cómo se reglamente la clasificación, los mecanismos objetivos para implementar los subsidios y la forma y metodología del programa que permita lograr el objetivo que propone la medida”.