“Yo nomino como ministro de defensa de la Colombia, potencia mundial de la vida, a quien salvó la vida, al lado de los indígenas y la selva, a niños y niñas indígenas que hoy corren alegres y libres (…) El general Pedro Sánchez nos ayudará a llevar a Colombia a la paz”. Con esas palabras Gustavo Petro, que intervenía en el encuentro de gobernadores, dio fin a una tradición de 35 años: la de tener a un civil en cabeza del Ministerio de Defensa, un cambio que se dio al tiempo con la promulgación de la Constitución de 1991.

Colombia, que bajo su anterior Carta Política vivió casi permanentemente bajo estados de excepción, evitó las largas dictaduras militares de casi toda América del Sur (vivió una, breve y conocida entonces como dictablanda, entre 1953 y 1957). A cambio de evitar que los militares entraran en las aguas de la política y la administración pública, los entonces todopoderosos partidos Liberal y Conservador no solo acordaron repartirse el poder para superar una guerra civil no declarada que enlutó al país en los años 40 y 50. También aceptaron entregar el manejo de la seguridad, y del Ministerio del ramo, a los militares.

Ese acuerdo quedó sellado en un discurso que dio el entonces presidente electo Alberto Lleras Camargo a la cúpula de oficiales en mayo de 1958, tras una intentona golpista. “Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la Nación, en vez de que lo decida el pueblo; pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas en su función, su disciplina, en sus reglamentos, en su personal“, dijo el líder liberal, el primer presidente electo tras el mandato del general Gustavo Rojas Pinilla.

En los siguientes 33 años, 14 generales ocuparon el Ministerio de Defensa. Eran a la vez comandantes de las Fuerzas Militares y el uniformado con mayor antigüedad en activo. Ver a un militar sentado en los consejos de ministros se hizo usual, parte de un statu quo que rápidamente, y sobre todo desde los años 70, empezó a ser cuestionado por la izquierda. El excluyente Frente Nacional de liberales y conservadores se entremezclaba con la militarización de los asuntos de seguridad, y un reclamo constante fue el de devolver el control de los civiles sobre la cartera, con lo que ello implicaba.

El gran cambio se dio entre 1990 y 1991. La desmovilización de varias guerrillas, incluyendo al M-19, en el que Petro militó en su juventud, y especialmente la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por un movimiento estudiantil y los gobiernos liberales de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994), dio un nuevo aire al país entero. Si bien la Constitución no modificó formalmente la relación entre civiles y militares, su espíritu era otro. Y Gaviria actuó en concordancia.

Tan solo un mes después de la firma de la nueva Constitución, el entonces presidente aceptó el retiro de Óscar Botero, quien era ministro desde 1989. En lugar de elegir a alguno de los militares más veteranos, nombró al economista Rafael Pardo, quien a sus 38 años había sido negociador con el M-19, consejero para la Paz de Barco, y de Seguridad Nacional de Gaviria.

Esa decisión, bienvenida por la izquierda y por el liberalismo, no dejó de tener críticos. Entre los conservadores, el senador Roberto Gerlein fue uno de los más vocales de la molestia. “Gaviria siempre se ha sentido incómodo con los militares y ahora se inventa la figura de la responsabilidad política de los ministros para acabar con la institución del ministro de Defensa militar”, dijo entonces al diario El Tiempo. “Esta medida es absolutamente inconveniente, sobre todo en un momento en que se recrudece la lucha armada”. También se quejaron los militares en retiro, pero todo fue en vano.

Desde entonces, los gobiernos de todo tipo mantuvieron el Ministerio en cabeza de civiles. Incluso el derechista Álvaro Uribe, muy cercano a las Fuerzas Armadas, tuvo a cinco civiles durante sus ocho años de mandato; lo más cerca que estuvo de designar a un militar fueron los casi cinco meses de mando interino del general Fredy Padilla de León, para eventualmente nombrar a un civil, Gabriel Silva Luján. Tampoco Iván Duque, afecto a los militares y pupilo de Uribe, nombró a un uniformado. Lo hace Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de estas décadas, con la particularidad de que el elegido, el general de aviación Pedro Sánchez, ha anunciado que renunciará a su carrera para asumir el Ministerio como un civil.

Ninguno de los antecesores, sin embargo, era un militar en retiro, y mucho menos uno elegido por un presidente cuando estaba en ejercicio.