El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha publicado este lunes su informe anual sobre la situación de Colombia en 2024, en el que alerta que la presencia de los grupos armados con sus “estrategias violentas de control” siguen golpeando a la población civil a pesar de los intentos del Gobierno de conseguir una paz total. La violencia afecta desproporcionadamente más a las comunidades afros, indígenas y campesinas. Muchos de ellos consideran que el conflicto armado, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, nunca se fue.

Las cifras, en algunos rubros, son alentadoras. Según el conteo de la ONU, el número de masacres verificadas cayó en un año un 27%, a 72 casos. También hubo una disminución de los asesinatos a los excombatientes de las FARC (31% menos), de las víctimas por minas antipersonas (10,5% menos) y del número de personas desplazadas (18% menos, 51.623 registradas). Pero aún persisten graves fenómenos como el confinamiento de personas, que creció un 58%, o el reclutamiento forzado de menores de edad. En 2024, el organismo documentó 216 casos de ese crimen contra los menores, entre los que hay 86 niñas. Varios de los pequeños son torturados y, posteriormente, asesinados.

“Nuestra gran preocupación es la protección de la población civil. Cualquier política debería tomar este punto como gran objetivo y si eso no se cumple, como hemos visto con algunos datos, algo hay que revisar”, señala por llamada Juan Carlos Monge, representante de la oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos.

Entre las inquietudes de este organismo destaca el control social y político que han vuelto a ejercer los grupos armados. Situaciones como los constantes paros armados ilegales impuestos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en departamentos como el Chocó, o los enfrentamientos entre guerrillas como el ocurrido en enero en el Catatumbo (al haber ocurrido este año no consta en el informe), han profundizado las vejaciones contra la población civil. El informe pone de ejemplo a Norte de Santander, en donde la ONU registró que un grupo “estableció centros de rehabilitación para jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas en los que actúa impartiendo justicia en casos de delincuencia y violencia intrafamiliar”. Un estudio del PNUD apunta que la percepción de que el Estado imparte justicia en los territorios ha caído unos 20 puntos en tres años.

El estado de los defensores de derechos humanos en el país es otra de las grandes preocupaciones para el Acnudh. El organismo recibió el año pasado 191 denuncias de homicidios de estas personas, de las cuales pudo verificar que en 89 casos el asesinato estaba vinculado a su labor. Las amenazas contra este sector son más amplias: 569, de las cuales 200 fueron contra mujeres y 16 contra personas del colectivo LGBTI.

El informe recalca en que uno de los grandes desafíos es “generar una acción más articulada y eficaz entre los diversos ministerios”, además de estrechar la colaboración entre el Ejecutivo central y los gobiernos territoriales con el fin de implementar las políticas públicas con respecto a defensa y derechos humanos. “Se necesita fortalecer la gobernabilidad en todas las regiones del país. El Estado tiene que estar presente en todos sus territorios: no puede haber zonas vedadas. Además, la oferta institucional debe ser completa: salud, educación o vivienda”, exhorta Monge.

Según el conteo de la ONU, en 2024 el Gobierno de Gustavo Petro estaba llevando a cabo 12 procesos simultáneos de diálogo con distintos grupos armados. Entre ellos destacan las conversaciones con el ELN, el Estado Mayor Central (una disidencia de las FARC), el Clan del Golfo, los Comuneros del Sur. “Existe una enorme expectativa e interés frente a estos procesos por parte de las comunidades afectadas por la violencia y los conflictos armados”, señala el informe. El que más ha avanzado en los últimos meses ha sido el de los Comuneros, quienes ya firmaron un protocolo para la destrucción de sus armas. A finales del año pasado, ya se había pactado un alto el fuego y la entrega de otros artefactos como municiones y granadas.

A pesar del progreso con este grupo, el diálogo con otros se estanca. El Gobierno congeló el proceso con el ELN tras la escalada de violencia en el Catatumbo en enero, y calificó sus acciones de “crímenes de guerra”. A su vez, Petro decidió excluir de la mesa con el Clan del Golfo a tres jefes de esta agrupación, incluido Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, el líder máximo. Tampoco ha ayudado la captura de alias Araña a mediados de febrero para las conversaciones con los Comandos de la Frontera, que ha provocado un clima de incertidumbre de otros grupos que piden garantías para dialogar.

El Acnudh pone en valor el impulso que le ha dado el Gobierno a la implementación del Acuerdo de Paz a través del “plan de choque” que presentó en octubre el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ante la ONU. Su desarrollo aún está pendiente, pues tras la transmisión del Consejo de Ministros, se precipitó la salida de Cristo y de otros ministros claves para esta estrategia.

Para Monge, la prioridad debe ser trabajar hacia la prevención y protección de civiles mientras se desarrollan los diálogos de paz y las acciones militares (como en el Cauca o el Catatumbo). “El Gobierno ha hecho enormes esfuerzos y ha tomado acciones muy valientes, muy bien orientadas, pero todos estos esfuerzos a la luz de los hechos parecen ser insuficientes por ahora y hay que redoblarlos”, apunta. Si la implementación falla o se retrasa, añade el representante, las violaciones de derechos humanos en el país mantendrán su curva ascendente.