BOGOTÁ (AP) — En Colombia se investigan los asesinatos de más de 1.300 personas defensoras de derechos humanos ocurridos entre 2016 y 2024. Sin embargo, más del 80% de los procesos no han llegado a una sentencia contra sus perpetradores, según un informe rendido el viernes por la Fiscalía General.

Los homicidios contra los defensores de derechos humanos y líderes sociales son una preocupación constante en Colombia, donde no frenó la violencia pese a que en 2016 el Estado firmó un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.

Otros grupos armados ocuparon el terreno de la antigua guerrilla y se disputan el control de las economías ilícitas, dejando expuestos especialmente en las zonas rurales a los líderes comunales, comunitarios, indígenas, campesinos y afrodescendientes, que suman el 74% de las víctimas documentadas por la Fiscalía.

“Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos”, aseguró la fiscal general, Luz Adriana Camargo, durante la presentación en Bogotá del primer informe de investigación y judicialización de delitos contra defensores. “Es una catástrofe que no debe continuar”, señaló la funcionaria al comprometerse a avanzar en los casos.

La Fiscalía advirtió que el número de víctimas incluso podría ser mayor al ya reportado, al considerar que puede haber un subregistro en los casos debido a que en los primeros años fue usada una metodología distinta a la actual para definir quién hacía parte de esta población, lo que generaba discrepancia en las cifras.

Al menos 1.372 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016, según la fiscalía, y la gran mayoría de casos han tenido investigación judicial. La entidad reportó que en el 40% de los casos identificó a los responsables y los imputó (527), mientras que en menos del 20% de ellos ha llegado a una sentencia (227).

La mayoría de las sentencias condenatorias y de imputaciones se han dirigido contra miembros de grupos armados ilegales, señalados de ser en mayor medida los responsables de los asesinatos de líderes.

Según las imputaciones, las disidencias de las FARC —que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016— son responsables de 214 casos, seguidos del cártel de la droga Clan del Golfo con 90 y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional en 55. El actual gobierno ha emprendido acercamientos de paz con los armados en su política de “paz total”.

“La persecución que sufren las personas defensoras de derechos humanos no corresponde a hechos aislados, sino que es producto de decisiones conscientes de actores armados ilegales que se sienten amenazados por la valiente labor de denuncia”, indicó el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero.

Según el funcionario, en algunos lugares con fuerte presencia de organizaciones criminales que obtienen rentas de las economías ilícitas, la violencia es “tan alta” que en ocasiones “desborda la capacidad de respuesta del Estado”.

Los homicidios se concentran especialmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, al suroeste del país; Antioquia, al noroeste; y Nariño y Norte de Santander, fronterizos con Ecuador y Venezuela, respectivamente.

Representantes de la sociedad civil que acudieron a la presentación del informe pidieron a la fiscalía centralizar las investigaciones y lograr una mayor coordinación interna para avanzar. Así como investigar quién está detrás del que dispara el arma contra el defensor de derechos humanos.

Andrea Garzón, vocera de la Comisión Colombiana de Juristas, explicó que aún cuando las autoridades capturan al autor material del homicidio, en las sentencias no se refleja si hay otros implicados. “Que se investigue el motivo por el cual fueron asesinadas las víctimas es vital. Las investigaciones y las sentencias se están centrando en el victimario, pero no en la víctima”, aseguró.

La fiscal general aseguró que atenderán el llamado de atención y trabajarán en preguntarse durante las investigaciones qué acciones desempañaban las víctimas y a quién incomodaban para explicar las causas de la violencia en su contra.