Vanti, la mayor distribuidora de gas natural de país, ha generado un movimiento sísmico con su anuncio del alza a los precios del hidrocarburo en un 36% a partir de este mes. Las reacciones, por su impacto sobre la economía y el bolsillo de millones de usuarios, han apuntado con fuerza contra la política energética del presidente Gustavo Petro. Se ha subrayado, desde sectores críticos hasta la prensa local, que la negativa del Ejecutivo de izquierdas a firmar nuevos contratos de exploración es el origen del problema. La realidad, sin embargo, es más compleja. La crisis se ha venido cocinando a fuego lento desde hace al menos dos décadas en una amalgama de tareas inconclusas, falta de perspectiva institucional y mala suerte.

Colombia hoy sufre por la subida de la factura del gas. Algunas multinacionales ya empiezan a inquietarse por una coyuntura que golpeará los precios de operación. Se trata de un asunto que ha hecho menos ruido que el tema petrolero. Quizás, según algunas comercializadoras, porque el Gobierno le ha prestado menor atención. Entre tanto la compañía Alcanos, propiedad de la estatal Ecopetrol y que cubre el suministro de departamentos como el Huila, también ha ejecutado alzas de entre el 40% y el 50%. Y las Empresas Públicas de Medellín han adelantado que harán un ajuste del 20% o 22%.

Se trata de la crónica de una escasez anunciada. “Hace 10 años, cuando se hacían los balances, ya se podía ver que al final de un horizonte de una década podríamos tener problemas. Creo que nos confiamos demasiado. Todo se veía muy lejano, había excedentes de gas, el mercado estaba creciendo y seguían apareciendo campos que daban algo de tranquilidad”, asegura el analista de mercados energéticos Omar Tovar. Se refiere a descubrimientos costa afuera como Orca, a 39 kilómetros de La Guajira, o Kronos, también en aguas profundas del Caribe colombiano.

Más allá de la comprobación de la existencia de un manto importante de hidrocarburos, el proceso ha avanzado muy poco debido a su complejidad. A partir de la Administración de Juan Manuel Santos, en 2016, se empezó a importar, de forma muy esporádica, gas natural licuado. Por entonces echó a andar la operación de la llamada Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), el primer puerto de regasificación del país. La central, situada en Cartagena de Indias, tuvo como misión fundacional recibir gas extranjero para faltantes coyunturales. Como lo son las temporadas de sequía, cuando el país ha tenido que potenciar el funcionamiento de sus plantas termoeléctricas, operadas con gas natural, para apoyar el desabastecimiento de las presas que se encargan del 68,32% de la generación eléctrica.

Solo desde diciembre de 2024 se ha empezado a importar para suplir necesidades ajenas a las centrales térmicas. Hasta hace dos años las importaciones eran inferiores al 3%. Ya en 2023 aumentaron hasta el 9% de la demanda. Y el año pasado rondaron alrededor del 12%.

Al menos desde 2007, cuando el país aún nadaba en gas y empezó a exportarlo, el Ministerio de Minas y Energía prendió las alertas sobre problemas de abastecimiento. Durante la década siguiente se procuraron acuerdos de intercambio con Venezuela, que no se materializaron. Las previsiones geológicas y sísmicas, por su parte, han garantizado desde hace años que en el subsuelo del Piedemonte llanero existe un volumen de gas suficiente para cubrir el declive. No obstante, los costosísimos cinco taladros que Ecopetrol desplegó en una zona de Casanare no arrojaron ningún resultado. Una noticia que, durante la presidencia del conservador Iván Duque, pasó de agache. Y que se suma a la cronología para explicar la forma en que el país ha experimentado un bajón de las reservas de gas de los 7,2 años proyectados en 2023, a los 6,7 actuales.

“Habrá necesidad de seguir importando gas”, aseguró días atrás el presidente de Ecopetrol en entrevista con el diario El Tiempo. En esta coyuntura llegó el primer Gobierno de izquierdas. Dentro de su proyecto de transición energética aplazó la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Esto ha hecho que todo se ensombrezca un poco más. “Desde el apagón (1992) se han incorporado pocas fuentes importantes de suministro de gas como Cusiana y Cupiagua (en Casanare). Ha habido otros hallazgos de menor tamaño, como el de La Guajira, pero los resultados no han sido tan alentadores”, abunda la experta en regulación de energía gas Daisy Cerquera.

Todos los actores prevén que 2026 será un año crítico. Por lo pronto, el suministro a los hogares, por ley en primera línea de importancia, está cubierto. Pero a partir del próximo año empieza a despertar preocupación el abastecimiento para la industria. A lo anterior se suma el déficit de infraestructura de regasificación, plantas necesarias para convertir las importaciones de gas congelado que llegan en barco. No cabe duda de que la balanza comercial en el capítulo gasífero ya ha empezado a cambiar. “El Gobierno Petro apenas ha hecho una confirmación de la necesidad de construir la regasificadora del Pacífico. En el Gobierno Duque el proceso para encontrar un inversionista quedó desierto, y en este también. Se necesita cuanto antes un nuevo punto de importación”, puntualiza Cerquera.

Es cierto, como sugieren los expertos, que esta es una historia donde no ha faltado información. Y, sin embargo, los planes de contingencia han sido insuficientes. A la vigilancia o exploración en las costas o en los llanos, donde se centra el apetito de las compañías de hidrocarburos, afirman que se ha debido dejar delineada una ruta de escape clara. El país, según todos los indicios, tendrá que esperar como mínimo hasta 2030 para que la situación empiece a mejorar con la entrada en operación del yacimiento bautizado Sirius, un descubrimiento de Ecopetrol y Petrobras en un bloque situado a 77 kilómetros de la costa de Santa Marta.

La otra esperanza, centrada en un pozo cercano, conocido como Komodo, podría empezar a rendir frutos solo en 2038, según las proyecciones más optimistas. El hecho de que estas reservas se hallen bajo capas de agua ultraprofundas, a unos 5 kilómetros de la superficie, lo convierten en un objetivo más complejo. Por eso, a falta de soluciones inmediatas, la batalla de los responsables del Ministerio de Minas y Energía se centrará en pulir y actualizar la infraestructura de importación, según los expertos.

No cabe duda de que los precios de un servicio hasta ahora bastante económico se mantendrán más altos al promedio histórico: “La crítica más grande no es tanto sobre la falta de oferta”, resume Tovar, “sino a la escasa acción frente una crisis que se veía venir. Temas como la descomposición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, o la tardanza en una normativa que se debió gestionar desde al menos 2023, son un ejemplo claro de la falta de planeación”.